807 frecuencias deberían ser revertidas

El 52% de las concesiones de las frecuencias de radio y el 38% de las de TV, que hoy están en manos del sector privado, deberán revertirse al Estado, para su redistribución, si la Ley de Medios se aprueba. Es decir 807 frecuencias.

El texto legal será sometido a votación ante el Pleno de la Asamblea, el miércoles próximo. Ahí se establece, en su artículo 112, que “las frecuencias del espectro radioeléctrico se distribuirán equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios”.

Según cifras de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a febrero de este año, el 85,5% de todas las frecuencias radiales es privado (994 entre estaciones y sus repetidoras); el 12,9% son públicas (150 estaciones), y solo hay 19 radios comunitarias (1,6%).

En el caso de la televisión la situación varía, el 71% de las frecuencias es privado y el 29% público. No existe ninguna concesión para televisión comunitaria.

De aprobarse esta ley, 610 frecuencias (entre estaciones y repetidoras) de radio y 197 de TV privados perderían la concesión.

La reversión es inminente. Según el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, actualmente no existen frecuencias disponibles en el espectro radioeléctrico. Esto implicará el inicio de los procesos de devolución de las señales al Estado para una nueva repartición.

Aunque todavía no se ha establecido el mecanismo para hacerlo, el artículo 114 del proyecto de ley establece que la reversión de una frecuencia se aplicará en principio cuando esta haya sido “obtenida ilegalmente”, luego de un análisis que realice el Consejo de Regulación. En estos casos no se podrá apelar su decisión tomada ante una instancia judicial.

Para la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), las reversiones no deberían estar en manos del Consejo, porque este, a su juicio, estará integrado con mayoría gobiernista. “Solo tendrán acceso las organizaciones comunitarias y sociales que estén a su servicio, instituyendo un mecanismo no democrático y excluyente de redistribución. Esto implicará la concentración del 67% del espectro radioeléctrico en manos del Gobierno de turno y de las organizaciones comunitarias y sociales subalternas”, señaló el gremio.

El proyecto establece, además, que el procedimiento para revertir una frecuencia se establecerá dentro del reglamento de aplicación de la ley de medios, que será dictado por el Ejecutivo. Pero Jaramillo dice que lo más apropiado sería que este tema se trate en el proyecto de ley de Telecomunicaciones, que está a la espera de ser debatido en la Asamblea.

En manos del Legislativo reposan dos informes sobre la supuesta asignación ilegal de frecuencias. Uno, realizado por Gustavo Navarro, a pedido de la Asamblea Constituyente de Montecristi; y otro, realizado por la Contraloría, que únicamente se centró en las concesiones entregadas entre el 2003 y el 2005, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.

El primer documento, que no tiene el carácter de vinculante, no estableció una cifra global de las frecuencias de radio que deberían ser revertidas al Estado. Pero sí aclaró que, por ejemplo, 133 estaciones de radio se asignaron con el mecanismo devolución-concesión (un concesionario devuelve una frecuencia al Estado para que sea entregada a un tercero al que vendió su empresa). También hubo 30 cambios de estaciones matriz a repetidoras y viceversa. Unas 47 frecuencias tenían sus contratos vencidos.

El informe final de la Contraloría determinó que 250 concesiones supuestamente fueron entregadas irregularmente. Entre las anomalías encontradas estaban, por ejemplo, concesiones en las que no se cumplieron con algunos requisitos legales, cambio de frecuencias de operación de radios sin que tengan informes técnicos y repetidoras que nunca tuvieron programación regular.

En el proyecto de Ley de Comunicación todavía no se ha definido cuál de los dos informes será utilizado para iniciar el proceso de reversión de las concesiones. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, pidió hace más de dos años a la Contraloría que actualizara el informe para que no se limitara al período 2003-2005. Pero hasta el momento no se ha concretado.

Para el asambleísta Fausto Cobo (PSP), el único documento que se debe tomar en cuenta en este tema es el de la Contraloría. “Así no nos guste, la Contraloría es una institución del Estado y es su informe el que debe tomarse en cuenta para la reversión.