La Contracción de la Democracia en el Ecuador
Por: Luis Fleischman
En agosto pasado, el Secretario de la Comisión Interamericana de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, criticó el estado de la democracia en Ecuador. Álvarez señaló que la democracia del Ecuador goza de democracia electoral pero en su conjunto, la democracia se debilita por la represión de la libertad de expresión y de asociación. Álvarez condenó en términos enérgicos, el hecho de que los dibujantes y otros medios de comunicación están prohibidos si critican al presidente.
Por supuesto las declaraciones de Álvarez fueron sólo la punta del iceberg en un país donde la democracia formal funciona como una fachada mejor que en cualquier otro país de la región. Sin embargo, Ecuador ha estado bajo el radar, no detectado por la comunidad internacional. Además, el entorno regional antidemocrático que ha prevalecido en las últimas dos décadas ha sostenido este deplorable estado de la democracia en Ecuador.
El pasado mes de diciembre la oficialmente controlada Asamblea Nacional aprobó 15 enmiendas constitucionales que establecieron que todos los cargos públicos podrían ser reelegidos indefinidamente. Esto se aplica también al Presidente, pero sólo después de mayo de 2017, lo que efectivamente excluye a Rafael Correa de correr en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, Correa podría lanzarse indefinidamente después de 2021.
Las enmiendas constitucionales también incluyen otras medidas que podrían ser consideradas autoritarias por cualquier libro de texto. Las Fuerzas Armadas estarían a cargo de la seguridad interna lo cual, de hecho, abre la puerta a la militarización de la disidencia. Otra enmienda define a la "información" como servicio público. Esto significa que cualquier información que aparece en los medios de comunicación podría definirse como una violación constitucional si no sirve al público. Esto podría criminalizar la crítica del Presidente y sus políticas ya que este último "sirve al público".
Por otra parte, incluso este "contrato social" draconiano no fue suficiente para que el gobierno de Correa que lleva en el poder desde 2007. En marzo pasado un grupo de los partidarios de Correa emitió una petición para abolir esta cláusula de la enmienda constitucional que impide al Presidente competir en las elecciones de 2017. La Corte Constitucional Ecuatoriana decidió que esto podría ser posible a través de un referéndum, argumentando que dicha petición representa una "extensión de los derechos (ciudadanos)". Esto es ilógico ya que el principio de limitación de la reelección presidencial está dirigido precisamente a prevenir el abuso del poder del estado.
Pero la realidad es que las normas judiciales y los derechos constitucionales han sido profundamente deteriorados en Ecuador durante mucho tiempo, a expensas de los derechos de los ciudadanos. El 14 de septiembre, el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) y la Federación Interamericana de Abogados organizó un evento en el Capitolio centrándose en la complicidad del poder judicial en la violación de los derechos humanos en Ecuador.
Los informes indican que el sistema judicial penal es utilizado por el gobierno para "acosar, intimidar, perseguir, silenciar y acusar a los estudiantes, indígenas, personas que denuncian la corrupción, los dueños de negocios y disidentes políticos." En un caso, una marcha organizada por los grupos indígenas que protestaban contra lo que consideraban violaciones a su hábitat, fue enmarcada por los fiscales de los gobiernos como "terrorismo organizado". Los manifestantes fueron detenidos durante varios meses sin ninguna evidencia. Fue sólo cuatro años después que la Corte Nacional de Justicia desestimó los cargos.
En otro caso, un disidente político fue condenado a 18 meses de prisión por aplaudir a manifestantes durante el levantamiento de la policía contra el gobierno, en septiembre de 2010. Asimismo, los miembros de un grupo de indígenas que bloqueaban la carretera Panamericana fueron condenados a cuatro años de prisión. En otro caso donde los jueces no encontraron pruebas contra una estación de televisión que criticaba al Presidente, fue el mismo presidente Correa quien ordenó la destitución y reemplazo de los jueces. Los nuevos jueces condenaron a los propietarios de la estación de televisión a ocho años de prisión.
Lo que está pasando en Ecuador es lo que ha estado ocurriendo en Venezuela durante mucho tiempo. La intimidación y la subversión del poder judicial son características de los regímenes totalitarios para quienes la ley representa un orden que pretenden destruir.
América Latina está experimentando cambios ahora. Desde hace una década y media países como Brasil y Argentina estaban dominados por los gobiernos que permitieron violaciones de la democracia en la región. Pero más recientemente, el canciller brasileño, José Serra respondió: "Venezuela no merece ningún respeto ya que es un régimen antidemocrático que destruyó el país". Serra agregó que Ecuador y Bolivia tienen mucho que aprender en el campo de "hacer de la democracia". Los tres países retiraron a sus embajadores de Brasilia.
Como ya hemos anticipado, la democracia comienza a tener otra vez una voz en la región y la actitud de Brasil es alentadora. Sin embargo, no es suficiente.
El problema en Ecuador (que alberga también al fundador de Wikileaks Julián Assange de extradición por cargos de asalto sexual) refleja la gravedad del problema. También necesitamos más actividad por parte de la Casa Blanca, pública o detrás del escenario. Públicamente, estamos oyendo que Cuba está obteniendo más beneficios y que Presidente Barack Obama quiere hacer irreversible el proceso de normalización con Cuba como parte de su legado. Durante décadas, Cuba ha apoyado y alentado regímenes antidemocráticos.
El próximo Presidente debe restablecer su política en América Latina y proteger la democracia. Al final del mandato del próximo Presidente, él o ella deberá poder jactarse de que su legado ha hecho irreversible a la democracia. Sería más honorable que ofrecer una reconciliación con una dictadura.
Traducido por: Ecuadortransparente.com
Fuente: intdemocratic.org
En agosto pasado, el Secretario de la Comisión Interamericana de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, criticó el estado de la democracia en Ecuador. Álvarez señaló que la democracia del Ecuador goza de democracia electoral pero en su conjunto, la democracia se debilita por la represión de la libertad de expresión y de asociación. Álvarez condenó en términos enérgicos, el hecho de que los dibujantes y otros medios de comunicación están prohibidos si critican al presidente.
Por supuesto las declaraciones de Álvarez fueron sólo la punta del iceberg en un país donde la democracia formal funciona como una fachada mejor que en cualquier otro país de la región. Sin embargo, Ecuador ha estado bajo el radar, no detectado por la comunidad internacional. Además, el entorno regional antidemocrático que ha prevalecido en las últimas dos décadas ha sostenido este deplorable estado de la democracia en Ecuador.
El pasado mes de diciembre la oficialmente controlada Asamblea Nacional aprobó 15 enmiendas constitucionales que establecieron que todos los cargos públicos podrían ser reelegidos indefinidamente. Esto se aplica también al Presidente, pero sólo después de mayo de 2017, lo que efectivamente excluye a Rafael Correa de correr en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, Correa podría lanzarse indefinidamente después de 2021.
Las enmiendas constitucionales también incluyen otras medidas que podrían ser consideradas autoritarias por cualquier libro de texto. Las Fuerzas Armadas estarían a cargo de la seguridad interna lo cual, de hecho, abre la puerta a la militarización de la disidencia. Otra enmienda define a la "información" como servicio público. Esto significa que cualquier información que aparece en los medios de comunicación podría definirse como una violación constitucional si no sirve al público. Esto podría criminalizar la crítica del Presidente y sus políticas ya que este último "sirve al público".
Por otra parte, incluso este "contrato social" draconiano no fue suficiente para que el gobierno de Correa que lleva en el poder desde 2007. En marzo pasado un grupo de los partidarios de Correa emitió una petición para abolir esta cláusula de la enmienda constitucional que impide al Presidente competir en las elecciones de 2017. La Corte Constitucional Ecuatoriana decidió que esto podría ser posible a través de un referéndum, argumentando que dicha petición representa una "extensión de los derechos (ciudadanos)". Esto es ilógico ya que el principio de limitación de la reelección presidencial está dirigido precisamente a prevenir el abuso del poder del estado.
Pero la realidad es que las normas judiciales y los derechos constitucionales han sido profundamente deteriorados en Ecuador durante mucho tiempo, a expensas de los derechos de los ciudadanos. El 14 de septiembre, el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) y la Federación Interamericana de Abogados organizó un evento en el Capitolio centrándose en la complicidad del poder judicial en la violación de los derechos humanos en Ecuador.
Los informes indican que el sistema judicial penal es utilizado por el gobierno para "acosar, intimidar, perseguir, silenciar y acusar a los estudiantes, indígenas, personas que denuncian la corrupción, los dueños de negocios y disidentes políticos." En un caso, una marcha organizada por los grupos indígenas que protestaban contra lo que consideraban violaciones a su hábitat, fue enmarcada por los fiscales de los gobiernos como "terrorismo organizado". Los manifestantes fueron detenidos durante varios meses sin ninguna evidencia. Fue sólo cuatro años después que la Corte Nacional de Justicia desestimó los cargos.
En otro caso, un disidente político fue condenado a 18 meses de prisión por aplaudir a manifestantes durante el levantamiento de la policía contra el gobierno, en septiembre de 2010. Asimismo, los miembros de un grupo de indígenas que bloqueaban la carretera Panamericana fueron condenados a cuatro años de prisión. En otro caso donde los jueces no encontraron pruebas contra una estación de televisión que criticaba al Presidente, fue el mismo presidente Correa quien ordenó la destitución y reemplazo de los jueces. Los nuevos jueces condenaron a los propietarios de la estación de televisión a ocho años de prisión.
Lo que está pasando en Ecuador es lo que ha estado ocurriendo en Venezuela durante mucho tiempo. La intimidación y la subversión del poder judicial son características de los regímenes totalitarios para quienes la ley representa un orden que pretenden destruir.
América Latina está experimentando cambios ahora. Desde hace una década y media países como Brasil y Argentina estaban dominados por los gobiernos que permitieron violaciones de la democracia en la región. Pero más recientemente, el canciller brasileño, José Serra respondió: "Venezuela no merece ningún respeto ya que es un régimen antidemocrático que destruyó el país". Serra agregó que Ecuador y Bolivia tienen mucho que aprender en el campo de "hacer de la democracia". Los tres países retiraron a sus embajadores de Brasilia.
Como ya hemos anticipado, la democracia comienza a tener otra vez una voz en la región y la actitud de Brasil es alentadora. Sin embargo, no es suficiente.
El problema en Ecuador (que alberga también al fundador de Wikileaks Julián Assange de extradición por cargos de asalto sexual) refleja la gravedad del problema. También necesitamos más actividad por parte de la Casa Blanca, pública o detrás del escenario. Públicamente, estamos oyendo que Cuba está obteniendo más beneficios y que Presidente Barack Obama quiere hacer irreversible el proceso de normalización con Cuba como parte de su legado. Durante décadas, Cuba ha apoyado y alentado regímenes antidemocráticos.
El próximo Presidente debe restablecer su política en América Latina y proteger la democracia. Al final del mandato del próximo Presidente, él o ella deberá poder jactarse de que su legado ha hecho irreversible a la democracia. Sería más honorable que ofrecer una reconciliación con una dictadura.
Traducido por: Ecuadortransparente.com
Fuente: intdemocratic.org
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