¿Gestores de paz o estructuras de control social?
OPINIÓN | Por: Crnl. Mario Pazmiño S.
En el contexto de la creciente violencia y la desintegración del tejido social del país, la candidata presidencial Luisa González ha propuesto la idea de "gestores de paz en los barrios" como una solución impulsada por los ciudadanos para combatir el crimen organizado. A primera vista, la propuesta puede parecer atractiva. No obstante, un análisis histórico y regional lleva a preguntarse qué significa realmente.
El uso de gestores de barrios no es una idea novedosa. De hecho, Hitler y Stalin la emplearon como una medida de control social en la década de 1930. Lo mismo ha ocurrido en América Latina, donde se han dado varias iniciativas similares, aunque los objetivos son muy diferentes a los anunciados en discursos especiales. En Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se fundaron en 1960 como células de vigilancia callejera para combatir la inseguridad que, según el gobierno, creaban las bandas contrarrevolucionarias.
En lugar de servir y organizar a la comunidad, fueron un mecanismo de control ideológico y represión política. Desde entonces, ningún ciudadano en la isla ha estado fuera del ojo vigilante del gobierno.
El mismo patrón se repitió en Nicaragua con matices similares. Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), creados en 2007 bajo el régimen de Daniel Ortega, fueron inicialmente propuestos como espacios para ejercer la ciudadanía, pero poco a poco se subordinaron al Frente Sandinista. Se utilizaron para recompensar lealtades, castigar la disidencia e incrustar el clientelismo.
En Venezuela en 2001, bajo el gobierno de Chávez se crearon las milicias o círculos bolivarianos, que eran entidades políticas, encubiertas como comités de barrio para la defensa del chavismo, donde astutamente mezclaron de participación social, supervisión política y coerción armada.
Ecuador no ha sido inmune a esta tendencia. En el período de gobierno de la Revolución Ciudadana, se formaron los Comités de la Revolución Ciudadana (CDR) como una estructura base para defender el "proyecto político", nacidos en 2009 de la mano de Rafael Correa.
Estas organizaciones barriales funcionaban como brazos de movilización electoral, defensa discursiva del correísmo y, en ocasiones, vigilancia social que como espacios de deliberación o desarrollo comunitario.
Los denominados comités barriales de gestores de paz o estructuras de control social deberían hacernos reflexionar como sociedad sobre la penetración ideológica encubierta que se quiere realizar, para ello deberíamos contestarnos estas interrogantes:
• ¿Serán mediadores comunitarios entrenados en resolución de conflictos o simplemente delegados políticos del partido de gobierno?
• ¿Trabajarán bajo la supervisión de los organismos de seguridad y derechos humanos, o responderán a lógicas partidistas, defensa ideológica o protección caudillista?
• ¿Buscamos una construcción de paz o una disputa por el territorio más allá del estado formal?
Estas preguntas no son paranoia, son prevención democrática. La experiencia regional muestra que cuando la seguridad se convierte en una herramienta ideológica, no conduce a la pacificación, sino a la militarización de la vida comunitaria y la degradación de la integridad social.
El crimen organizado no se puede combatir con estructuras paralelas o lealtades político-ideológicas, se lo debe hacer con la fortaleza de las instituciones, una justicia independiente y políticas públicas sostenibles.
En momentos de inseguridad, las propuestas encubiertas e irresponsables, no pueden ser instrumentos para seguir oprimiendo y controlando a la sociedad pues se convertirían en otra estructura delictiva para explotar al pueblo políticamente. La historia nos muestra el precio de los atajos hacia el autoritarismo disfrazado de participación social.
Ecuador requiere un modo de vida con justicia social y respeto a su gente, no una repetición de esquemas totalitarios antiguos de control poblacional con nuevos nombres.
En el contexto de la creciente violencia y la desintegración del tejido social del país, la candidata presidencial Luisa González ha propuesto la idea de "gestores de paz en los barrios" como una solución impulsada por los ciudadanos para combatir el crimen organizado. A primera vista, la propuesta puede parecer atractiva. No obstante, un análisis histórico y regional lleva a preguntarse qué significa realmente.
El uso de gestores de barrios no es una idea novedosa. De hecho, Hitler y Stalin la emplearon como una medida de control social en la década de 1930. Lo mismo ha ocurrido en América Latina, donde se han dado varias iniciativas similares, aunque los objetivos son muy diferentes a los anunciados en discursos especiales. En Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se fundaron en 1960 como células de vigilancia callejera para combatir la inseguridad que, según el gobierno, creaban las bandas contrarrevolucionarias.
En lugar de servir y organizar a la comunidad, fueron un mecanismo de control ideológico y represión política. Desde entonces, ningún ciudadano en la isla ha estado fuera del ojo vigilante del gobierno.
El mismo patrón se repitió en Nicaragua con matices similares. Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), creados en 2007 bajo el régimen de Daniel Ortega, fueron inicialmente propuestos como espacios para ejercer la ciudadanía, pero poco a poco se subordinaron al Frente Sandinista. Se utilizaron para recompensar lealtades, castigar la disidencia e incrustar el clientelismo.
En Venezuela en 2001, bajo el gobierno de Chávez se crearon las milicias o círculos bolivarianos, que eran entidades políticas, encubiertas como comités de barrio para la defensa del chavismo, donde astutamente mezclaron de participación social, supervisión política y coerción armada.
Ecuador no ha sido inmune a esta tendencia. En el período de gobierno de la Revolución Ciudadana, se formaron los Comités de la Revolución Ciudadana (CDR) como una estructura base para defender el "proyecto político", nacidos en 2009 de la mano de Rafael Correa.
Estas organizaciones barriales funcionaban como brazos de movilización electoral, defensa discursiva del correísmo y, en ocasiones, vigilancia social que como espacios de deliberación o desarrollo comunitario.
Los denominados comités barriales de gestores de paz o estructuras de control social deberían hacernos reflexionar como sociedad sobre la penetración ideológica encubierta que se quiere realizar, para ello deberíamos contestarnos estas interrogantes:
• ¿Serán mediadores comunitarios entrenados en resolución de conflictos o simplemente delegados políticos del partido de gobierno?
• ¿Trabajarán bajo la supervisión de los organismos de seguridad y derechos humanos, o responderán a lógicas partidistas, defensa ideológica o protección caudillista?
• ¿Buscamos una construcción de paz o una disputa por el territorio más allá del estado formal?
Estas preguntas no son paranoia, son prevención democrática. La experiencia regional muestra que cuando la seguridad se convierte en una herramienta ideológica, no conduce a la pacificación, sino a la militarización de la vida comunitaria y la degradación de la integridad social.
El crimen organizado no se puede combatir con estructuras paralelas o lealtades político-ideológicas, se lo debe hacer con la fortaleza de las instituciones, una justicia independiente y políticas públicas sostenibles.
En momentos de inseguridad, las propuestas encubiertas e irresponsables, no pueden ser instrumentos para seguir oprimiendo y controlando a la sociedad pues se convertirían en otra estructura delictiva para explotar al pueblo políticamente. La historia nos muestra el precio de los atajos hacia el autoritarismo disfrazado de participación social.
Ecuador requiere un modo de vida con justicia social y respeto a su gente, no una repetición de esquemas totalitarios antiguos de control poblacional con nuevos nombres.
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