En las próximas elecciones la inseguridad rayará la papeleta electoral.
OPINIÓN | Por: Crnl. Mario Pazmiño.
El panorama electoral de Ecuador para las elecciones presidenciales de 2025 estará inevitablemente marcado por un clima de inseguridad alarmante. La violencia desatada por el crimen organizado y el narcotráfico ha tomado un protagonismo aterrador, afectando no solo a la sociedad, sino también a la misma estructura política del país. Es claro que la inseguridad no solo dominará los titulares, sino que influirá directamente en la campaña electoral, condicionando las propuestas de los candidatos y el desarrollo del proceso democrático.
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Homicidios, extorsiones, secuestros y atentados a figuras públicas son apenas la punta del iceberg. Estos hechos han empujado a los candidatos a enfocar sus discursos en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, este entorno violento ha creado un escenario electoral tenso y peligroso, en el que los políticos y sus equipos no solo se enfrentan entre ellos, sino también a la amenaza latente de las organizaciones criminales que buscan mantener su control en ciertos territorios.
Los asesinatos y amenazas durante campañas electorales ya han ocurrido en el pasado, pero en este ciclo de 2025, se prevé que estos actos se intensifiquen. Los políticos, especialmente aquellos que decidan desafiar los intereses del narcotráfico o de las bandas criminales, podrían enfrentar un hostigamiento implacable, e incluso presiones directas para cambiar sus discursos o abandonar sus candidaturas. Zonas estratégicas para el narcotráfico, controladas por organizaciones delictivas, podrían convertirse en focos de violencia con el objetivo de influir en el resultado electoral.
Esta violencia creciente podría obligar a los candidatos a extremar las medidas de seguridad, lo que limitaría su contacto directo con los ciudadanos, afectando la calidad del debate democrático. Mítines y eventos públicos podrían cancelarse o celebrarse con fuertes restricciones en las áreas más peligrosas, donde los grupos criminales ejercen un control paralelo al del Estado.
En este contexto de inseguridad, será el tema central de las propuestas de los principales candidatos. Cada uno planteará distintas soluciones a la crisis actual, pero todas girarán en torno a la restauración del orden y el combate al crimen organizado.
Algunos binomios se centrarán en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, proponiendo un endurecimiento de las penas y un mayor control fronterizo y portuario, con la creación de unidades especializadas para enfrentar a las organizaciones delictivas. Otros adoptarán un enfoque diferente, abogando por dialogar con las mega bandas en un intento de reducir la violencia mediante acuerdos, buscando una salida negociada a la crisis de seguridad.
Por otro lado, habrá candidatos que preferirán tomar la vía del modelo Bukele, con una política de “mano dura” para enfrentar a la delincuencia, proponiendo medidas drásticas que incluyen el uso de la fuerza pública en las zonas más conflictivas y la construcción de nuevas cárceles para desarticular a las bandas.
Sin embargo, es probable que pocos candidatos profundicen en propuestas de prevención social, que busquen erradicar las causas profundas de la delincuencia: la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Pocos hablarán de mejorar la educación, crear empleos o expandir los servicios sociales en las zonas más vulnerables, lo que en última instancia es esencial para reducir la violencia de forma sostenible.
La violencia política ha sido una constante en Ecuador, y todo apunta a que la campaña presidencial del 2025 será una de las más peligrosas de la historia reciente. Las organizaciones delictivas podrían ejecutar asesinatos selectivos y amenazas, neutralizando a cualquier candidato que perciban como una amenaza a sus intereses. No sería extraño ver campañas de desprestigio y ataques orquestados a través de redes sociales, utilizadas como herramientas para manipular la opinión pública y sembrar miedo.
En este escenario, observaremos a candidatos que, aunque tienen todo el derecho a postularse para dirigir el país, no necesariamente están preparados para enfrentar los desafíos que Ecuador tiene ante sí. Una cosa es querer ser presidente, otra muy distinta es estar a la altura de las complejidades que enfrenta el país.
Ecuador, una vez más, se juega su destino en estas elecciones. Solo queda esperar que los votantes elijan con sabiduría al líder que realmente tenga la capacidad de enfrentar esta tormenta de inseguridad y devolver al país la paz y el orden que tanto necesita.
El panorama electoral de Ecuador para las elecciones presidenciales de 2025 estará inevitablemente marcado por un clima de inseguridad alarmante. La violencia desatada por el crimen organizado y el narcotráfico ha tomado un protagonismo aterrador, afectando no solo a la sociedad, sino también a la misma estructura política del país. Es claro que la inseguridad no solo dominará los titulares, sino que influirá directamente en la campaña electoral, condicionando las propuestas de los candidatos y el desarrollo del proceso democrático.
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Homicidios, extorsiones, secuestros y atentados a figuras públicas son apenas la punta del iceberg. Estos hechos han empujado a los candidatos a enfocar sus discursos en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, este entorno violento ha creado un escenario electoral tenso y peligroso, en el que los políticos y sus equipos no solo se enfrentan entre ellos, sino también a la amenaza latente de las organizaciones criminales que buscan mantener su control en ciertos territorios.
Los asesinatos y amenazas durante campañas electorales ya han ocurrido en el pasado, pero en este ciclo de 2025, se prevé que estos actos se intensifiquen. Los políticos, especialmente aquellos que decidan desafiar los intereses del narcotráfico o de las bandas criminales, podrían enfrentar un hostigamiento implacable, e incluso presiones directas para cambiar sus discursos o abandonar sus candidaturas. Zonas estratégicas para el narcotráfico, controladas por organizaciones delictivas, podrían convertirse en focos de violencia con el objetivo de influir en el resultado electoral.
Esta violencia creciente podría obligar a los candidatos a extremar las medidas de seguridad, lo que limitaría su contacto directo con los ciudadanos, afectando la calidad del debate democrático. Mítines y eventos públicos podrían cancelarse o celebrarse con fuertes restricciones en las áreas más peligrosas, donde los grupos criminales ejercen un control paralelo al del Estado.
En este contexto de inseguridad, será el tema central de las propuestas de los principales candidatos. Cada uno planteará distintas soluciones a la crisis actual, pero todas girarán en torno a la restauración del orden y el combate al crimen organizado.
Algunos binomios se centrarán en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, proponiendo un endurecimiento de las penas y un mayor control fronterizo y portuario, con la creación de unidades especializadas para enfrentar a las organizaciones delictivas. Otros adoptarán un enfoque diferente, abogando por dialogar con las mega bandas en un intento de reducir la violencia mediante acuerdos, buscando una salida negociada a la crisis de seguridad.
Por otro lado, habrá candidatos que preferirán tomar la vía del modelo Bukele, con una política de “mano dura” para enfrentar a la delincuencia, proponiendo medidas drásticas que incluyen el uso de la fuerza pública en las zonas más conflictivas y la construcción de nuevas cárceles para desarticular a las bandas.
Sin embargo, es probable que pocos candidatos profundicen en propuestas de prevención social, que busquen erradicar las causas profundas de la delincuencia: la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Pocos hablarán de mejorar la educación, crear empleos o expandir los servicios sociales en las zonas más vulnerables, lo que en última instancia es esencial para reducir la violencia de forma sostenible.
La violencia política ha sido una constante en Ecuador, y todo apunta a que la campaña presidencial del 2025 será una de las más peligrosas de la historia reciente. Las organizaciones delictivas podrían ejecutar asesinatos selectivos y amenazas, neutralizando a cualquier candidato que perciban como una amenaza a sus intereses. No sería extraño ver campañas de desprestigio y ataques orquestados a través de redes sociales, utilizadas como herramientas para manipular la opinión pública y sembrar miedo.
En este escenario, observaremos a candidatos que, aunque tienen todo el derecho a postularse para dirigir el país, no necesariamente están preparados para enfrentar los desafíos que Ecuador tiene ante sí. Una cosa es querer ser presidente, otra muy distinta es estar a la altura de las complejidades que enfrenta el país.
Ecuador, una vez más, se juega su destino en estas elecciones. Solo queda esperar que los votantes elijan con sabiduría al líder que realmente tenga la capacidad de enfrentar esta tormenta de inseguridad y devolver al país la paz y el orden que tanto necesita.
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