Veedores del caso gran hermano buscan asilo político en 4 embajadas
Los cuatro veedores de los contratos de Fabricio Correa iniciaron un peregrinaje por las embajadas de Costa Rica, Panamá y Chile, en busca de asilo político.
Para ellos, esta es su única salida posible para evitar ir a prisión por haber indagado los contratos que el hermano del Presidente suscribió con el Estado.
Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo fueron acusados por la Fiscalía de emitir falso testimonio en su reporte final de la veeduría.
El informe fue presentado en febrero del 2011. En el reporte los veedores llegaron a tres conclusiones. Uno, que el presidente Rafael Correa conocía de los presuntos convenios que mantuvo el Estado con su hermano Fabricio. Dos, que hubo ilegalidades y favoritismos en la adjudicación de estos. Tres, que los montos de los convenios ascendieron a USD 657 millones, con un perjuicio estatal de USD 140 millones.
Esta veeduría fue creada por el Primer Mandatario a mediados del 2009, con el objetivo de vigilar la cancelación de los contratos con el Estado que las firmas vinculadas con Fabricio Correa se habían adjudicado. Esto sucedió luego de la investigación que publicó diario Expreso: ‘Fabricio Correa, el Holding’.
En marzo del 2010, casi un año después de que se iniciara la indagación de los veedores, el presidente Correa entabló una demanda en contra de los cuatro comisionados, por el supuesto delito de atentar contra la fe pública. Dijo desconocer los convenios.
A partir de entonces, Chambers, Portillo, Hidalgo y Quishpe han sido objeto de una serie de ataques y represalias desde el Régimen, según denunciaron.
“No somos delincuentes, no somos asesinos, no hicimos nada que no sea cumplir con lo que se nos pidió: combatir la corrupción”, afirmó Portillo.
Sin embargo, el 17 de mayo próximo, la Fiscalía formulará cargos en contra de los cuatro hombres, por el delito del que se los acusa. “La única medida cautelar que se puede pedir contra nosotros es la prisión”, señaló Chambers. Por ello, iniciaron una “desesperada” búsqueda de refugio. “Necesitamos salvaguardar nuestra vida. Por hacer un trabajo patriótico ahora somos perseguidos y acusados como delincuentes”, agregó Quishpe.
Con la premura del tiempo, resolvieron pedir asilo a cuatro países. El primero fue Costa Rica. Ayer, cerca de las 10:00, tres de los cuatro hombres llegaron hasta la Embajada de ese país. Por más de una hora y media dialogaron con el Jefe de la Misión Diplomática. Antes de salir, Hidalgo llegó hasta el lugar aún indeciso; no sabía si pedir asilo o no.
“Tengo muchas cosas que pensar. Mi familia, mi vida (...) quisiera que se pongan en mis zapatos un momento y se den cuenta lo que mi familia y yo vivimos”, afirmó Hidalgo, con lágrimas en los ojos. Él “era correísta”. Militaba en el movimiento oficialista Alianza País y respaldó el proyecto del Ejecutivo. “Y mire lo irónico: todo lo que hice por ayudarle a conseguir votos y ahora me paga con un juicio y la acusación”, señaló molesto Hidalgo.
Luego de una llamada a su celular se unió a sus compañeros en la Embajada. Treinta minutos después, salieron los cuatro con las caras tristes y desmotivados.
“Hicimos el pedido formal de asilo, pero nos explicaron que hay una serie de requisitos que debemos cumplir antes de que se nos pueda conceder el asilo político. Desde demostrar que somos perseguidos”, puntualizó Chambers.
A pesar de ello, tienen la esperanza de que algún país “amigo” les “dé una mano”. La próxima semana acudirán a las embajadas de Panamá, Chile e Inglaterra.
“Nos dijeron en la Embajada de Costa Rica que este es un trámite largo y que debíamos haber empezado el proceso antes, pero no sabíamos”, se lamentó Portillo.
Su mayor temor es que hasta que algún país les conceda el asilo, llegue la fecha de la audiencia y la fiscal María Elena Bayas pida la prisión preventiva en su contra.
“Sería una pena que eso suceda. Porque nosotros sí vamos a ir a la audiencia prevista para el 17, porque no tenemos nada de que huir. No cometimos un delito. En este caso nosotros somos los buenos”, manifestó Chambers.
El lunes, los cuatro veedores tienen previsto acudir a la Embajada de Panamá, para reunirse con el Embajador. Esperan recibir el asilo o seguirán buscando.
Así operó la veeduría
La veeduría fue conformada por petición del Presidente, mediante sorteo público realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Este organismo receptó las carpetas de todos los ciudadanos que quisieron participar. Luego hizo un sorteo entre todos los candidatos posibles.
Se escogió a 10 personas para que investiguen el caso. Nunca la comisión recibió fondos públicos para financiarse.
Para pagar las indagaciones, las copias de documentos, el cartucho de tinta para las impresoras, las hojas para imprimir cartas, solicitudes y los informes de su trabajo, los 10 veedores aportaban con USD 20 mensuales de sus bolsillos.
La cronología del caso que abrió el proceso contra los veedores de los contratos de Fabricio Correa
Marzo del 2009
Diario Expreso publica una investigación sobre los negocios y contratos que el hermano del Presidente, Fabricio Correa, había suscrito con el Estado. Estableció que los convenios llegaban a cerca de USD 80 millones.
Julio del 2009
El Consejo de Participación Ciudadana convocó a la ciudadanía para conformar la veeduría. Mediante un sorteo público se conformó la veeduría con 10 ciudadanos, entre los que se eligió a Pablo Chambers como su coordinador.
Marzo del 2010
El presidente Rafael Correa presentó una denuncia en la Fiscalía, por supuesto atentado contra la fe pública, porque supuestamente él no conocía de los contratos de su hermano Fabricio Correa, como lo aseguraron los veedores.
Abril 2012
Se aplazó la audiencia de formulación de cargos en contra de los cuatro veedores. Su abogado defensor, Ramiro Román (foto), quien asumió la defensa gratuita, pidió que se aplazara. El jueves próximo se realizará la diligencia.
http://www.elcomercio.com/politica/Veedores-Gran-Hermano-politico-embajadas_0_698330406.html
Para ellos, esta es su única salida posible para evitar ir a prisión por haber indagado los contratos que el hermano del Presidente suscribió con el Estado.
Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo fueron acusados por la Fiscalía de emitir falso testimonio en su reporte final de la veeduría.
El informe fue presentado en febrero del 2011. En el reporte los veedores llegaron a tres conclusiones. Uno, que el presidente Rafael Correa conocía de los presuntos convenios que mantuvo el Estado con su hermano Fabricio. Dos, que hubo ilegalidades y favoritismos en la adjudicación de estos. Tres, que los montos de los convenios ascendieron a USD 657 millones, con un perjuicio estatal de USD 140 millones.
Esta veeduría fue creada por el Primer Mandatario a mediados del 2009, con el objetivo de vigilar la cancelación de los contratos con el Estado que las firmas vinculadas con Fabricio Correa se habían adjudicado. Esto sucedió luego de la investigación que publicó diario Expreso: ‘Fabricio Correa, el Holding’.
En marzo del 2010, casi un año después de que se iniciara la indagación de los veedores, el presidente Correa entabló una demanda en contra de los cuatro comisionados, por el supuesto delito de atentar contra la fe pública. Dijo desconocer los convenios.
A partir de entonces, Chambers, Portillo, Hidalgo y Quishpe han sido objeto de una serie de ataques y represalias desde el Régimen, según denunciaron.
“No somos delincuentes, no somos asesinos, no hicimos nada que no sea cumplir con lo que se nos pidió: combatir la corrupción”, afirmó Portillo.
Sin embargo, el 17 de mayo próximo, la Fiscalía formulará cargos en contra de los cuatro hombres, por el delito del que se los acusa. “La única medida cautelar que se puede pedir contra nosotros es la prisión”, señaló Chambers. Por ello, iniciaron una “desesperada” búsqueda de refugio. “Necesitamos salvaguardar nuestra vida. Por hacer un trabajo patriótico ahora somos perseguidos y acusados como delincuentes”, agregó Quishpe.
Con la premura del tiempo, resolvieron pedir asilo a cuatro países. El primero fue Costa Rica. Ayer, cerca de las 10:00, tres de los cuatro hombres llegaron hasta la Embajada de ese país. Por más de una hora y media dialogaron con el Jefe de la Misión Diplomática. Antes de salir, Hidalgo llegó hasta el lugar aún indeciso; no sabía si pedir asilo o no.
“Tengo muchas cosas que pensar. Mi familia, mi vida (...) quisiera que se pongan en mis zapatos un momento y se den cuenta lo que mi familia y yo vivimos”, afirmó Hidalgo, con lágrimas en los ojos. Él “era correísta”. Militaba en el movimiento oficialista Alianza País y respaldó el proyecto del Ejecutivo. “Y mire lo irónico: todo lo que hice por ayudarle a conseguir votos y ahora me paga con un juicio y la acusación”, señaló molesto Hidalgo.
Luego de una llamada a su celular se unió a sus compañeros en la Embajada. Treinta minutos después, salieron los cuatro con las caras tristes y desmotivados.
“Hicimos el pedido formal de asilo, pero nos explicaron que hay una serie de requisitos que debemos cumplir antes de que se nos pueda conceder el asilo político. Desde demostrar que somos perseguidos”, puntualizó Chambers.
A pesar de ello, tienen la esperanza de que algún país “amigo” les “dé una mano”. La próxima semana acudirán a las embajadas de Panamá, Chile e Inglaterra.
“Nos dijeron en la Embajada de Costa Rica que este es un trámite largo y que debíamos haber empezado el proceso antes, pero no sabíamos”, se lamentó Portillo.
Su mayor temor es que hasta que algún país les conceda el asilo, llegue la fecha de la audiencia y la fiscal María Elena Bayas pida la prisión preventiva en su contra.
“Sería una pena que eso suceda. Porque nosotros sí vamos a ir a la audiencia prevista para el 17, porque no tenemos nada de que huir. No cometimos un delito. En este caso nosotros somos los buenos”, manifestó Chambers.
El lunes, los cuatro veedores tienen previsto acudir a la Embajada de Panamá, para reunirse con el Embajador. Esperan recibir el asilo o seguirán buscando.
Así operó la veeduría
La veeduría fue conformada por petición del Presidente, mediante sorteo público realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Este organismo receptó las carpetas de todos los ciudadanos que quisieron participar. Luego hizo un sorteo entre todos los candidatos posibles.
Se escogió a 10 personas para que investiguen el caso. Nunca la comisión recibió fondos públicos para financiarse.
Para pagar las indagaciones, las copias de documentos, el cartucho de tinta para las impresoras, las hojas para imprimir cartas, solicitudes y los informes de su trabajo, los 10 veedores aportaban con USD 20 mensuales de sus bolsillos.
La cronología del caso que abrió el proceso contra los veedores de los contratos de Fabricio Correa
Marzo del 2009
Diario Expreso publica una investigación sobre los negocios y contratos que el hermano del Presidente, Fabricio Correa, había suscrito con el Estado. Estableció que los convenios llegaban a cerca de USD 80 millones.
Julio del 2009
El Consejo de Participación Ciudadana convocó a la ciudadanía para conformar la veeduría. Mediante un sorteo público se conformó la veeduría con 10 ciudadanos, entre los que se eligió a Pablo Chambers como su coordinador.
Marzo del 2010
El presidente Rafael Correa presentó una denuncia en la Fiscalía, por supuesto atentado contra la fe pública, porque supuestamente él no conocía de los contratos de su hermano Fabricio Correa, como lo aseguraron los veedores.
Abril 2012
Se aplazó la audiencia de formulación de cargos en contra de los cuatro veedores. Su abogado defensor, Ramiro Román (foto), quien asumió la defensa gratuita, pidió que se aplazara. El jueves próximo se realizará la diligencia.
http://www.elcomercio.com/politica/Veedores-Gran-Hermano-politico-embajadas_0_698330406.html
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