Gobierno propone sancionar dilaciones judiciales con la «Ley Talón de Aquiles»
El Gobierno de Ecuador, a través del ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha anunciado el Proyecto de Ley Talón de Aquiles, una propuesta que busca sancionar a abogados y procesados que dilaten deliberadamente las audiencias y diligencias judiciales. Este anuncio ha generado un intenso debate en el país, especialmente debido a su impacto en casos de alto perfil, como el proceso contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presunta comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur.
Según explicó el ministro De la Gasca, esta iniciativa busca penalizar la "mala fe procesal", término con el que se refirió a las constantes estrategias dilatorias utilizadas por abogados y procesados para retrasar los juicios.
El Gobierno ha identificado que las tácticas de dilación están afectando gravemente el sistema judicial ecuatoriano, lo que impide que ciertos casos avancen con la rapidez requerida. Uno de los ejemplos mencionados fue el proceso contra Aquiles Álvarez, cuya audiencia de formulación de cargos ha sido diferida hasta ocho veces.
> “El sistema judicial tiene un vicio que lo carcome por dentro. Todos los días nos enteramos de nuevas argucias para dilatar procesos. Presentan excusas absurdas, como abogados con hemorroides, para retrasar la justicia”, señaló De la Gasca.
Si bien el ministro no detalló qué tipo de sanciones contempla la ley, sí dejó claro que busca castigos severos y ejemplares para quienes abusen del sistema judicial y logren impunidad a través de retrasos procesales.
Al respecto, la reacción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no tardó en llegar. A través de su cuenta en X (antes Twitter), respondió de manera sarcástica al anuncio del ministro:
> "Mientras nosotros trabajamos, el ministro turro de Gobierno plantea la Ley Talón de Aquiles. Jajajajaja. Sigan así, vagos."
Este comentario ha sido interpretado como una fuerte crítica hacia el Gobierno de Daniel Noboa, insinuando que la administración está más enfocada en confrontaciones políticas que en resolver los problemas reales del país.
Los críticos de la propuesta argumentan que, si bien las dilaciones en los juicios son un problema real, la solución no puede vulnerar el derecho a la defensa de los acusados. La falta de claridad en los criterios para sancionar a abogados y procesados genera preocupación en la comunidad jurídica, ya que podría abrir la puerta a persecuciones judiciales arbitrarias.
Según explicó el ministro De la Gasca, esta iniciativa busca penalizar la "mala fe procesal", término con el que se refirió a las constantes estrategias dilatorias utilizadas por abogados y procesados para retrasar los juicios.
El Gobierno ha identificado que las tácticas de dilación están afectando gravemente el sistema judicial ecuatoriano, lo que impide que ciertos casos avancen con la rapidez requerida. Uno de los ejemplos mencionados fue el proceso contra Aquiles Álvarez, cuya audiencia de formulación de cargos ha sido diferida hasta ocho veces.
> “El sistema judicial tiene un vicio que lo carcome por dentro. Todos los días nos enteramos de nuevas argucias para dilatar procesos. Presentan excusas absurdas, como abogados con hemorroides, para retrasar la justicia”, señaló De la Gasca.
Si bien el ministro no detalló qué tipo de sanciones contempla la ley, sí dejó claro que busca castigos severos y ejemplares para quienes abusen del sistema judicial y logren impunidad a través de retrasos procesales.
Al respecto, la reacción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no tardó en llegar. A través de su cuenta en X (antes Twitter), respondió de manera sarcástica al anuncio del ministro:
> "Mientras nosotros trabajamos, el ministro turro de Gobierno plantea la Ley Talón de Aquiles. Jajajajaja. Sigan así, vagos."
Este comentario ha sido interpretado como una fuerte crítica hacia el Gobierno de Daniel Noboa, insinuando que la administración está más enfocada en confrontaciones políticas que en resolver los problemas reales del país.
Los críticos de la propuesta argumentan que, si bien las dilaciones en los juicios son un problema real, la solución no puede vulnerar el derecho a la defensa de los acusados. La falta de claridad en los criterios para sancionar a abogados y procesados genera preocupación en la comunidad jurídica, ya que podría abrir la puerta a persecuciones judiciales arbitrarias.
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