HRF pide cese de persecución contra la prensa y oposición tras elecciones
Publicado el: 26/04/2017NUEVA YORK (26 de abril de 2017) — Human Rights Foundation (HRF) condena el uso de procesos administrativos y judiciales para silenciar a medios de comunicación independientes, miembros de la oposición democrática, y a empresas encuestadoras, tras las elecciones del 2 de abril. HRF rechaza la sanción impuesta por la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) a siete medios de prensa por no haber publicado un reportaje de un diario argentino que acusaba al candidato opositor Guillermo Lasso de “enriquecimiento ilícito”. HRF rechaza también la persecución penal y amenazas de muerte contra funcionarios de las encuestadoras Cedatos y Corporación Participación Ciudadana por publicar resultados en boca de urna que daban como victorioso a Lasso y declaraban “un empate técnico”, respectivamente.
“Luego de una contienda que no fue ni libre ni justa, ni arbitrada por un sistema electoral confiable e imparcial, el régimen autoritario-competitivo de Rafael Correa ha sido reelecto en la figura de su exvicepresidente Lenín Moreno, y esto queda patente en la persecución judicial, los allanamientos abusivos y las múltiples sanciones que han resultado tras las elecciones”, dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF.
La oficina de la encuestadora Cedatos fue allanada el 7 de abril, al día siguiente de que el presidente saliente Rafael Correa anunciara públicamente que “ya es hora de decir basta a los farsantes”. La policía irrumpió en las oficinas de la empresa e incautó sus archivos y computadoras. Cedatos es una empresa con 41 años de funcionamiento en Ecuador y miembro de Gallup International. Funcionarios de Cedatos enfrentan un proceso penal por “falsificación de documento” y “uso de documento falso” por haber publicado resultados en boca de urna que daban a Lasso como ganador. Tanto el director de Cedatos, Ángel Polibio Córdoba, como la jefa de la organización sin fines de lucro Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, han sido públicamente acusados por Correa, y han denunciado que, en consecuencia, reciben amenazas de muerte a diario.
Lasso, quien continúa sin aceptar los resultados de la elección por considerarlos fraudulentos, ha sido citado a declarar en la fiscalía como testigo en el caso Cedatos. El presentador de noticias en el canal Ecuavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros, también ha sido citado a declarar en el mismo caso por haber difundido las cifras de Cedatos que daban como ganador a Lasso.
En otro proceso judicial resuelto esta semana, nueve miembros del grupo de la sociedad civil Comisión Cívica Anticorrupción fueron sentenciados a un año de cárcel y al pago de una multa. El Contralor General del Estado, Carlos Pólit, demandó a esta organización ciudadana por calumnias, por investigar un caso de corrupción. El contralor pidió la máxima pena de dos años y el pago de 100 mil dólares a cada uno. Minutos después de emitirse la sentencia, y luego de un mensaje por Twitter del presidente electo Lenín Moreno pidiendo “tolerancia”, la jueza declaró la “extinción del juicio” y absolvió a los acusados.
La sanción de casi 4,000 dólares contra cada uno de los siete medios independientes Ecuavisa, Teleamazonas, Televicentro, El Universo, El Comercio, Diario La Hora y Diario Expreso se basó en la supuesta violación del artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El artículo 18 califica como “censura previa” el “no publicar información de relevancia pública o de interés general”, a pesar de que los numerosos medios del Estado sí se hayan pronunciado al respecto. La denuncia ante la SUPERCOM contra los medios fue realizada por un grupo de simpatizantes correístas. El viernes 21 de abril, el presidente electo Lenín Moreno pidió públicamente a la SUPERCOM que deje sin efecto la sanción a los siete medios.
“A pesar de ser sucesor de Correa, Lenín Moreno hoy tiene la oportunidad única de cambiar las cosas de un plumazo y restaurar un sistema democrático pleno en Ecuador, donde la prensa y la oposición democrática no estén constantemente perseguidos por el gobierno”, dijo Halvorssen.
“Pero esto no puede lograrse a través de tuits y declaraciones pidiendo ‘tolerancia’ a los jueces del correísmo. El primer paso para lograr la democratización de Ecuador debe ser la derogación de la draconiana Ley Orgánica de Comunicación que establece sanciones contra los medios que no funcionen como voceros del gobierno. Seguidamente, Moreno debe dar garantías de independencia al poder judicial y cambiar radicalmente las directrices autoritarias de la SUPERCOM y otras oficinas del Estado que han sido un mero brazo ejecutor del régimen correísta”.
“De lo contrario, Moreno perderá la oportunidad de pasar a la historia como un demócrata, y en vez de ello será visto como un apéndice autoritario de Correa”, concluyó Halvorssen.
HRF es una organización sin fines de lucro, independiente y apolítica, que promueve la defensa de los derechos humanos a escala mundial, con énfasis en sociedades cerradas.
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