Amnistía Internacional: preocupa criminalización de protestas en Ecuador
La criminalización de la protesta social, especialmente de los indígenas y organizaciones sociales, y la impunidad prevaleciente en violaciones de los derechos humanos son las principales preocupaciones expresadas el jueves en un informe anual de Amnistía Internacional.
La parte del documento enfocada en Ecuador señaló que las autoridades "formularon cargos de sabotaje y terrorismo contra defensores de los derechos humanos, dirigentes indígenas... en un intento de silenciar su oposición a las políticas del gobierno".
AI afirmó que "se tuvo noticia de nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía Nacional, encargado de (combatir) la delincuencia organizada".
Precisó que ese grupo ha estado relacionado con "decenas de casos de tortura y otros malos tratos y con posibles ejecuciones extrajudiciales desde su creación en 1996".
El informe recogió la preocupación del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, quien señaló su preocupación porque la inmensa mayoría de los presuntos homicidios, incluidos los cometidos por la policía, siguen sin resolverse".
Destacó que "ausencia de investigaciones exhaustivas e independientes, al apoyo y protección insuficiente a víctimas y testigos, y los retrasos y la corrupción en el sistema de justicia" han impedido aclarar esos crímenes.
La impunidad también persiste en "violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad", aseguró el reporte.
Aseveró que muchas comunidades que viven en la pobreza siguen "careciendo de acceso a unos servicios de salud de buena calidad y culturalmente adecuados, a pesar de los esfuerzos realizados para ampliar dicho acceso".
Destacó los avances en la reducción de la mortalidad materna y en la reducción de la mortalidad infantil, aunque las estadísticas "seguían mostrando grandes disparidades entre la mortalidad infantil de las zonas urbanas y la de las zonas rurales o la de los niños indígenas".
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Humberto Cholango, afirmó a la AP que "hemos sentido un hostigamiento, fruto de un modelo de estado que es colonial, centralista... que quiere imponer un modelo extractivista arrasando territorios, contaminando ríos y eso ha generado resistencia social e indígena".
Aseveró que "nos hostigan desde sectores del poder económico, primero las empresas transnacionales, empresas nacionales y estatales, inclusive las autoridades que nos han puesto juicios por sabotaje y terrorismo a decenas de dirigentes indígenas, hay 180 causas que están siendo procesadas".
Destacó que en los últimos años se ha sentido la presión "de las empresas mineras, pero eso también ha generado la resistencia de las población. Es un problema que recién empieza".
El director ejecutivo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Mauricio Gallardo, señaló a la AP que "creemos que hay violaciones de los derechos humanos, pero no se puede decir que hay un incremento o decremento en relación con los gobiernos anteriores".
La parte del documento enfocada en Ecuador señaló que las autoridades "formularon cargos de sabotaje y terrorismo contra defensores de los derechos humanos, dirigentes indígenas... en un intento de silenciar su oposición a las políticas del gobierno".
AI afirmó que "se tuvo noticia de nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía Nacional, encargado de (combatir) la delincuencia organizada".
Precisó que ese grupo ha estado relacionado con "decenas de casos de tortura y otros malos tratos y con posibles ejecuciones extrajudiciales desde su creación en 1996".
El informe recogió la preocupación del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, quien señaló su preocupación porque la inmensa mayoría de los presuntos homicidios, incluidos los cometidos por la policía, siguen sin resolverse".
Destacó que "ausencia de investigaciones exhaustivas e independientes, al apoyo y protección insuficiente a víctimas y testigos, y los retrasos y la corrupción en el sistema de justicia" han impedido aclarar esos crímenes.
La impunidad también persiste en "violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad", aseguró el reporte.
Aseveró que muchas comunidades que viven en la pobreza siguen "careciendo de acceso a unos servicios de salud de buena calidad y culturalmente adecuados, a pesar de los esfuerzos realizados para ampliar dicho acceso".
Destacó los avances en la reducción de la mortalidad materna y en la reducción de la mortalidad infantil, aunque las estadísticas "seguían mostrando grandes disparidades entre la mortalidad infantil de las zonas urbanas y la de las zonas rurales o la de los niños indígenas".
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Humberto Cholango, afirmó a la AP que "hemos sentido un hostigamiento, fruto de un modelo de estado que es colonial, centralista... que quiere imponer un modelo extractivista arrasando territorios, contaminando ríos y eso ha generado resistencia social e indígena".
Aseveró que "nos hostigan desde sectores del poder económico, primero las empresas transnacionales, empresas nacionales y estatales, inclusive las autoridades que nos han puesto juicios por sabotaje y terrorismo a decenas de dirigentes indígenas, hay 180 causas que están siendo procesadas".
Destacó que en los últimos años se ha sentido la presión "de las empresas mineras, pero eso también ha generado la resistencia de las población. Es un problema que recién empieza".
El director ejecutivo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Mauricio Gallardo, señaló a la AP que "creemos que hay violaciones de los derechos humanos, pero no se puede decir que hay un incremento o decremento en relación con los gobiernos anteriores".
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