Visas para las Farc en plan de regularización en frontera norte
Colombianos que un informe de Inteligencia Militar identifica como colaboradores de la guerrilla, obtuvieron estatus de refugiados
Mario Avilés Sánchez
El 10 de diciembre de 2009, los colombianos Omar Auseno Burgos y Nirama Chávez Galvis, quienes gozaban de la condición de refugiados, iniciaron los trámites para obtener la visa de amparo, que el Estado ecuatoriano concede a matrimonios con un hijo ecuatoriano que deseen establecerse en el país.
Su salvaguarda era una hija nacida en Nueva Loja (capital de Sucumbíos) en 2004. La pareja, que había ingresado al Ecuador en 2001, disponía de visas categoría 12-IV (de refugio) concedidas por la Cancillería, y residía en la población de El Palmar (cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos), según las declaraciones en documentos que debía entregar en la Dirección General de Extranjería del Ministerio del Interior.
Los Auseno-Chávez colaboran en El Palmar con información y abastecimiento y son parte de la red de narcotráfico del Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según revela un informe secreto del Grupo Especial de Operaciones de Inteligencia Militar (Geoim), al cual tuvo acceso este Diario.
Omar Auseno tiene a cargo una finca de cultivo de coca y un laboratorio de procesamiento de droga en el lado colombiano, menciona el documento del Geoim elaborado en 2009, que detalla el cuadro organizativo de la unidad guerrillera que en su país opera en el departamento del Putumayo y tiene a la provincia ecuatoriana de Sucumbíos como área de influencia.
Al Frente 48 se le atribuye ser responsable de la mayor parte de la infraestructura del narcotráfico, la recolección de dinero y los suministros médicos. Su jefe de logística es Óliver Solarte Cerón.
En total, 14 ciudadanos colombianos, residentes en varios poblados de Sucumbíos, son mencionados en el reporte, quienes colaborarían con los GIAC (Grupos Ilegales Armados de Colombia) en labores de abastecimiento, movilización, narcotráfico e inteligencia. EXPRESO accedió a documentos relacionados con su regularización migratoria. De ellos, tres eran solicitantes de visas de refugio, cuatro ya la poseían, y siete pedían el reconocimiento de amparo.
El apoyo de las FARC
Los convivientes Carlos Julio Rosero Rosero y María del Pilar Rosero Anturi, con documentos de identificación de refugiado 817005405-3 y 817034431-4, respectivamente, poseen una tienda de abastos en el sector de Barrancabermeja, cuyas provisiones en su mayor parte son destinadas a la guerrilla.
Una hija es conviviente del ecuatoriano Luis Enrique Lucumi Lagos, quien estaría a cargo de sacar los contactos y de movilizar droga a Santo Domingo de los Tsáchilas, según los servicios de Inteligencia.
En Barrancabermeja también están domiciliados Mery Elena Ramos Ortega y su esposo Líder Audelo Espinoza, que poseen los documentos de identificación de refugiado 817017986-8 y 817032180-9, en su orden. Según el reporte del Geoim, se dedican a labores de abastecimientos e inteligencia para los GIAC.
En la población de Puerto Nuevo residen los esposos Manuel José Oviedo y Ana Beyba Escobar, quienes declararon haber ingresado al Ecuador en 2003 y vivir con 14 familiares. Ellos solicitaban visa de amparo, argumentando ser padres de la ecuatoriana Ana Milena Oviedo Escobar (CI #210098938-9), nacida en Nueva Loja, en 1993.
Según Inteligencia, los Oviedo-Escobar son personas de confianza de Óliver Solarte. El jefe de familia es motorista de los GIAC y cuatro de sus hijos, incluido Ana Milena, son colaboradores. Uno de ellos, José Antonio (a) Toño, es responsable de encaletar y movilizar droga y realiza actividades de sicariato para el jefe de logística del Frente 48.
Los refugiados Carlos Heber Ramírez Quintero y Graciela López Andrade dejaron registrado su ingreso al país en 2001. El matrimonio declaró tener hijos ecuatorianos y pedía la visa de amparo. Son dueños de una tienda y una discoteca-billar en Puerto Mestanza y están vinculados con labores de abastecimiento, colaboración e inteligencia para la guerrilla.
Zulma Graciela Gómez Guerrero, domiciliada en Puerto Nuevo, obtuvo su visa de refugio en 2009. El informe de Inteligencia menciona que es conviviente de Erlinto Solarte Narváez, familiar directo de Óliver Solarte y colaborador de los GIAC.
Otra de las personas de confianza del jefe de logística del frente 48 es José Omar Aza Aldana, quien en 2009 recibió su visa como refugiado. Vive en Nueva Loja y su familia colabora con información y tareas de inteligencia para las FARC.
Doris Janeth Guevara Acosta, con documento de identificación de refugiado # 817001066-7, vive en Barrancabermeja con el ecuatoriano Héctor Benigno Guaicha Espinoza. La familia se dedica al abastecimiento y actividades de inteligencia de los GIAC.
Los beneficiarios de las visas que están identificados por los servicios de Inteligencia como colaboradores de la guerrilla, forman parte de los 54.000 refugiados legalmente reconocidos por el Estado ecuatoriano.
Alfonso Morales, director de Refugiados de la Cancillería, y Elizabeth Tapia, directora de Extranjería del Ministerio del Interior, manifestaron a EXPRESO que han informado del caso a las autoridades competentes para que inicien las debidas investigaciones.
“¿Quién avala que ninguno de los 54.000 es guerrillero?
Entre los años 2000 y 2010, la Cancillería receptó aproximadamente 125.000 solicitudes de refugio, de las cuales 54.000 se resolvieron favorablemente. El 98% de estas fue para ciudadanos colombianos. Cerca de 25.000 fueron negadas, 25.000 se encuentran en estado de caducidad, desistimiento o abandono, y otras 20.000, en trámite.
El 50% (27.500) del número de visas de refugio otorgadas fue reconocido con el llamado Registro Ampliado que la Cancillería realizó entre el 23 de marzo de 2009 y el 31 de marzo de 2010, en la frontera norte del país.
Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, cree que una gran cantidad de gente vinculada con los Grupos Ilegales Armados de Colombia pudo haber ingresado al país aprovechando este mecanismo de regularización migratoria, “porque ¿quién nos certifica que ninguno de los 54.000 colombianos refugiados es guerrillero?”.
‘Es difícil saber si hay infiltrados de la guerrilla’
La Cancillería ecuatoriana suspendió la renovación de las visas de refugio de los colombianos mencionados en el informe de Inteligencia Militar, hasta que se inicie un proceso judicial de investigación.
Alfonso Morales, director de Refugiados de la Cancillería, menciona que la situación migratoria de ellos está siendo revisada por la Comisión para determinar la Condición de los Refugiados en el Ecuador. Dice que esa instancia no va a proceder a la renovación de las visas, hasta que la Fiscalía y la Función Judicial determinen cuál es la situación legal de ellos.
“Estas personas fueron originalmente desplazados internos en Colombia, y luego ingresaron al Ecuador y solicitaron refugio”, refiere Morales.
Se trata de ciudadanos reconocidos como refugiados, tanto en el proceso regular como en el Registro Ampliado que la Cancillería llevó a cabo en la zona de frontera norte entre 2009 y el 2010, para regularizar a los desplazados colombianos.
Morales puntualiza el caso de Carlos Heber Ramírez Quintero (mencionado en el informe del Geoim), a quien en dos instancias se le rechazó su solicitud de visa porque se comprobó su vinculación con las FARC. Indica también que Zulma Gómez Guerrero y José Aza Aldana fueron reconocidos como refugiados en el 2009, pero no se han presentado a renovar sus visas.
Según datos de la Cancillería, el 98% de los 54.000 refugiados reconocidos en el Ecuador es colombiano. Para Morales, resulta muy difícil saber si se han infiltrado colaboradores o miembros de las FARC entre los beneficiarios.
“Lo que puedo decir es que las autoridades nacionales vinculadas con el tema de la seguridad interna del Estado y del refugio, tienen la obligación de pedir la instauración de procesos judiciales contra estas personas”.
‘No disponemos de la información sobre los trámites que realizaron’
“En este instante estamos haciendo una verificación de esa información”, señala Elizabeth Tapia, directora general de Extranjería, sobre los casos denunciados por EXPRESO.
La funcionaria, posesionada el pasado 21 de diciembre, indica que la Secretaría de Transparencia de Gestión adicionará esos casos a la investigación que realiza sobre la posible emisión fraudulenta de al menos 51 visas de amparo a favor de ciudadanos cubanos, colombianos y nigerianos.
La Fiscalía indaga sobre una supuesta red de corrupción en la Dirección de Extranjería, durante la gestión de Eduardo Barrera. Esta última entidad no pudo entregar a este Diario información sobre las solicitudes de visa de amparo que tramitaron los ciudadanos colombianos que Inteligencia Militar vincula con las FARC.
“El 16 de diciembre que se realizó el allanamiento acá por parte de la Fiscalía, se llevaron nuestros CPU, donde constaba toda la información de las visas otorgadas en los últimos 5 años”, justifica Tapia.
Señala que la entidad no cuenta con un respaldo informático de las solicitudes tramitadas. “El proceso se llevaba solamente en Excel”.
Anota que entre el 2007 y 2008 se receptaron 2.000 solicitudes anuales, “pero no tenemos el dato certero de cuántas fueron aprobadas o negadas”.
La funcionaria explica que en caso de encontrar alguna irregularidad en la emisión de visas de amparo, el organismo tiene la facultad de cancelar esos documentos. Menciona que sus titulares tendrán que ser deportados del país.
“Han habido falencias en este proceso. La institución ha otorgado todas las facilidades, pero el factor humano es el que ha fallado acá”, reconoce la directora de Extranjería.
Según la funcionaria, ahora la entidad realiza una revisión exhaustiva de cada trámite, y más sobre los de refugiados que solicitan visas de amparo.
VISAS PARA LAS FARC en plan de regularización en frontera norte
Mario Avilés Sánchez
El 10 de diciembre de 2009, los colombianos Omar Auseno Burgos y Nirama Chávez Galvis, quienes gozaban de la condición de refugiados, iniciaron los trámites para obtener la visa de amparo, que el Estado ecuatoriano concede a matrimonios con un hijo ecuatoriano que deseen establecerse en el país.
Su salvaguarda era una hija nacida en Nueva Loja (capital de Sucumbíos) en 2004. La pareja, que había ingresado al Ecuador en 2001, disponía de visas categoría 12-IV (de refugio) concedidas por la Cancillería, y residía en la población de El Palmar (cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos), según las declaraciones en documentos que debía entregar en la Dirección General de Extranjería del Ministerio del Interior.
Los Auseno-Chávez colaboran en El Palmar con información y abastecimiento y son parte de la red de narcotráfico del Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según revela un informe secreto del Grupo Especial de Operaciones de Inteligencia Militar (Geoim), al cual tuvo acceso este Diario.
Omar Auseno tiene a cargo una finca de cultivo de coca y un laboratorio de procesamiento de droga en el lado colombiano, menciona el documento del Geoim elaborado en 2009, que detalla el cuadro organizativo de la unidad guerrillera que en su país opera en el departamento del Putumayo y tiene a la provincia ecuatoriana de Sucumbíos como área de influencia.
Al Frente 48 se le atribuye ser responsable de la mayor parte de la infraestructura del narcotráfico, la recolección de dinero y los suministros médicos. Su jefe de logística es Óliver Solarte Cerón.
En total, 14 ciudadanos colombianos, residentes en varios poblados de Sucumbíos, son mencionados en el reporte, quienes colaborarían con los GIAC (Grupos Ilegales Armados de Colombia) en labores de abastecimiento, movilización, narcotráfico e inteligencia. EXPRESO accedió a documentos relacionados con su regularización migratoria. De ellos, tres eran solicitantes de visas de refugio, cuatro ya la poseían, y siete pedían el reconocimiento de amparo.
El apoyo de las FARC
Los convivientes Carlos Julio Rosero Rosero y María del Pilar Rosero Anturi, con documentos de identificación de refugiado 817005405-3 y 817034431-4, respectivamente, poseen una tienda de abastos en el sector de Barrancabermeja, cuyas provisiones en su mayor parte son destinadas a la guerrilla.
Una hija es conviviente del ecuatoriano Luis Enrique Lucumi Lagos, quien estaría a cargo de sacar los contactos y de movilizar droga a Santo Domingo de los Tsáchilas, según los servicios de Inteligencia.
En Barrancabermeja también están domiciliados Mery Elena Ramos Ortega y su esposo Líder Audelo Espinoza, que poseen los documentos de identificación de refugiado 817017986-8 y 817032180-9, en su orden. Según el reporte del Geoim, se dedican a labores de abastecimientos e inteligencia para los GIAC.
En la población de Puerto Nuevo residen los esposos Manuel José Oviedo y Ana Beyba Escobar, quienes declararon haber ingresado al Ecuador en 2003 y vivir con 14 familiares. Ellos solicitaban visa de amparo, argumentando ser padres de la ecuatoriana Ana Milena Oviedo Escobar (CI #210098938-9), nacida en Nueva Loja, en 1993.
Según Inteligencia, los Oviedo-Escobar son personas de confianza de Óliver Solarte. El jefe de familia es motorista de los GIAC y cuatro de sus hijos, incluido Ana Milena, son colaboradores. Uno de ellos, José Antonio (a) Toño, es responsable de encaletar y movilizar droga y realiza actividades de sicariato para el jefe de logística del Frente 48.
Los refugiados Carlos Heber Ramírez Quintero y Graciela López Andrade dejaron registrado su ingreso al país en 2001. El matrimonio declaró tener hijos ecuatorianos y pedía la visa de amparo. Son dueños de una tienda y una discoteca-billar en Puerto Mestanza y están vinculados con labores de abastecimiento, colaboración e inteligencia para la guerrilla.
Zulma Graciela Gómez Guerrero, domiciliada en Puerto Nuevo, obtuvo su visa de refugio en 2009. El informe de Inteligencia menciona que es conviviente de Erlinto Solarte Narváez, familiar directo de Óliver Solarte y colaborador de los GIAC.
Otra de las personas de confianza del jefe de logística del frente 48 es José Omar Aza Aldana, quien en 2009 recibió su visa como refugiado. Vive en Nueva Loja y su familia colabora con información y tareas de inteligencia para las FARC.
Doris Janeth Guevara Acosta, con documento de identificación de refugiado # 817001066-7, vive en Barrancabermeja con el ecuatoriano Héctor Benigno Guaicha Espinoza. La familia se dedica al abastecimiento y actividades de inteligencia de los GIAC.
Los beneficiarios de las visas que están identificados por los servicios de Inteligencia como colaboradores de la guerrilla, forman parte de los 54.000 refugiados legalmente reconocidos por el Estado ecuatoriano.
Alfonso Morales, director de Refugiados de la Cancillería, y Elizabeth Tapia, directora de Extranjería del Ministerio del Interior, manifestaron a EXPRESO que han informado del caso a las autoridades competentes para que inicien las debidas investigaciones.
“¿Quién avala que ninguno de los 54.000 es guerrillero?
Entre los años 2000 y 2010, la Cancillería receptó aproximadamente 125.000 solicitudes de refugio, de las cuales 54.000 se resolvieron favorablemente. El 98% de estas fue para ciudadanos colombianos. Cerca de 25.000 fueron negadas, 25.000 se encuentran en estado de caducidad, desistimiento o abandono, y otras 20.000, en trámite.
El 50% (27.500) del número de visas de refugio otorgadas fue reconocido con el llamado Registro Ampliado que la Cancillería realizó entre el 23 de marzo de 2009 y el 31 de marzo de 2010, en la frontera norte del país.
Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, cree que una gran cantidad de gente vinculada con los Grupos Ilegales Armados de Colombia pudo haber ingresado al país aprovechando este mecanismo de regularización migratoria, “porque ¿quién nos certifica que ninguno de los 54.000 colombianos refugiados es guerrillero?”.
‘Es difícil saber si hay infiltrados de la guerrilla’
La Cancillería ecuatoriana suspendió la renovación de las visas de refugio de los colombianos mencionados en el informe de Inteligencia Militar, hasta que se inicie un proceso judicial de investigación.
Alfonso Morales, director de Refugiados de la Cancillería, menciona que la situación migratoria de ellos está siendo revisada por la Comisión para determinar la Condición de los Refugiados en el Ecuador. Dice que esa instancia no va a proceder a la renovación de las visas, hasta que la Fiscalía y la Función Judicial determinen cuál es la situación legal de ellos.
“Estas personas fueron originalmente desplazados internos en Colombia, y luego ingresaron al Ecuador y solicitaron refugio”, refiere Morales.
Se trata de ciudadanos reconocidos como refugiados, tanto en el proceso regular como en el Registro Ampliado que la Cancillería llevó a cabo en la zona de frontera norte entre 2009 y el 2010, para regularizar a los desplazados colombianos.
Morales puntualiza el caso de Carlos Heber Ramírez Quintero (mencionado en el informe del Geoim), a quien en dos instancias se le rechazó su solicitud de visa porque se comprobó su vinculación con las FARC. Indica también que Zulma Gómez Guerrero y José Aza Aldana fueron reconocidos como refugiados en el 2009, pero no se han presentado a renovar sus visas.
Según datos de la Cancillería, el 98% de los 54.000 refugiados reconocidos en el Ecuador es colombiano. Para Morales, resulta muy difícil saber si se han infiltrado colaboradores o miembros de las FARC entre los beneficiarios.
“Lo que puedo decir es que las autoridades nacionales vinculadas con el tema de la seguridad interna del Estado y del refugio, tienen la obligación de pedir la instauración de procesos judiciales contra estas personas”.
‘No disponemos de la información sobre los trámites que realizaron’
“En este instante estamos haciendo una verificación de esa información”, señala Elizabeth Tapia, directora general de Extranjería, sobre los casos denunciados por EXPRESO.
La funcionaria, posesionada el pasado 21 de diciembre, indica que la Secretaría de Transparencia de Gestión adicionará esos casos a la investigación que realiza sobre la posible emisión fraudulenta de al menos 51 visas de amparo a favor de ciudadanos cubanos, colombianos y nigerianos.
La Fiscalía indaga sobre una supuesta red de corrupción en la Dirección de Extranjería, durante la gestión de Eduardo Barrera. Esta última entidad no pudo entregar a este Diario información sobre las solicitudes de visa de amparo que tramitaron los ciudadanos colombianos que Inteligencia Militar vincula con las FARC.
“El 16 de diciembre que se realizó el allanamiento acá por parte de la Fiscalía, se llevaron nuestros CPU, donde constaba toda la información de las visas otorgadas en los últimos 5 años”, justifica Tapia.
Señala que la entidad no cuenta con un respaldo informático de las solicitudes tramitadas. “El proceso se llevaba solamente en Excel”.
Anota que entre el 2007 y 2008 se receptaron 2.000 solicitudes anuales, “pero no tenemos el dato certero de cuántas fueron aprobadas o negadas”.
La funcionaria explica que en caso de encontrar alguna irregularidad en la emisión de visas de amparo, el organismo tiene la facultad de cancelar esos documentos. Menciona que sus titulares tendrán que ser deportados del país.
“Han habido falencias en este proceso. La institución ha otorgado todas las facilidades, pero el factor humano es el que ha fallado acá”, reconoce la directora de Extranjería.
Según la funcionaria, ahora la entidad realiza una revisión exhaustiva de cada trámite, y más sobre los de refugiados que solicitan visas de amparo.
VISAS PARA LAS FARC en plan de regularización en frontera norte
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